Luis Augusto Romero: Es falso que el embargo implique alguna medida de protección a favor de Citgo

“Es importante señalarle al país que no existe, de ninguna forma, una orden ejecutiva presidencial de Estados Unidos, destinada a la protección de activos de Venezuela, especialmente en petróleo, tal como fue la aprobada por el presidente George W.  Busch, el 22 mayo de 2003 con la  Orden Ejecutiva 13303, de protección a los bienes  de IRAK”, así lo expresa Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, refiriéndose al caso Citgo y a las últimas decisiones adoptadas por la administración Trump sobre Venezuela.

 

El líder progresista presentó el texto de la Orden Ejecutiva 13303 del 2003, emitida por el entonces presidente de Estados Unidos Jorge W. Bush, en el caso de Irak, la cual estableció lo siguiente:

 

A menos que esté autorizado directamente o de otra manera autorizada de conformidad con esta orden: cualquier embargo, juicio, decreto, gravamen, ejecución, incautación, decomiso, u otro proceso judicial está prohibido y se considerará nulo e inválido con respecto a lo siguiente:

 

(a) el Fondo de Desarrollo para Irak.

 

(b) Todo el petróleo iraquí y los productos derivados del petróleo, y los intereses en el mismo, y los ingresos, obligaciones o cualquier instrumento financiero de cualquier naturaleza que surja de o esté relacionado con la venta o comercialización de los mismos, y los intereses en el mismo, en los que cualquier país extranjero o nacional los mismos tienen algún interés, que se encuentren en los Estados Unidos, que en lo sucesivo entren dentro de los Estados Unidos, o que se encuentren o en el futuro pertenezcan o estén bajo el control de personas de los Estados Unidos.

 

Argumentó Luis Augusto Romero, que debe ser obligación “fundamental” de la Asamblea Nacional solicitar no solo una orden ejecutiva expresa como aquella de Irak para proteger especialmente los bienes de Citgo, sino también solicitar una medida de protección especial a la ONU en su Consejo de Seguridad y a la OEA en su Consejo Permanente, “dada la situación de inestabilidad y debilidad institucional y jurídica de Venezuela para defender sus activos en forma adecuada”, dijo.

 

Continua el secretario general nacional de AP: “las recientes medidas de embargo contra el gobierno de Venezuela tienen implicaciones que afectan tanto al sector privado industrial y comercial al momento de comprar maquinarias y repuestos para sus operaciones regulares, como a la población en general.  Estas medidas atentan contra las negociaciones en Barbados, pues afianza las posiciones y argumentos del gobierno que alega que tales embargos afectan su capacidad de administrar al país y que mientras permanezcan y aumenten más difícil serán los posibles acuerdos para una salida pacífica y electoral”, expresó.

 

Agrega Romero que “sanciones y embargos son ineficaces para desplazar del poder regímenes autoritarios, tal como se ha evidenciado en Irán, Siria, Corea del Norte y por supuesto en Cuba. Por el contrario, estas medidas castigan a los más vulnerables, a la gente, al pueblo humilde mientras atornillan a las nomenclaturas gobernantes”, indicó.

 

“Avanzada reitera su apoyo decidido a las negociaciones en Barbados, y su confianza en encontrar una salida pacífica, constitucional y electoral a la terrible crisis que ahoga a nuestro país” aseguró El dirigente de AP.

 

Luis Augusto Romero, reiteró la solicitud para que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional inicie una investigación sobre las “graves denuncias relacionadas con el evidente conflicto de intereses del Procurador José Ignacio Hernández, quien actúa como abogado del Estado Venezolano y al mismo tiempo como Testigo Contratado Experto por parte de Crystallex en un mismo juicio, conflicto que pudiera dar lugar a sanciones administrativas y penales”.

 

Romero dijo finalmente: “Solicitamos en lo inmediato sea separado del cargo de Procurador, al igual que todos los señalados con responsabilidades administrativas en este caso, hasta la terminación de la averiguación planteada. La AN debe activar sus mecanismos de autoregulación, la defensa de los activos de la nación en el extranjero ameritan una actuación transparente, inmediata y eficaz. Así lo solicitamos, y estaremos atentos al respecto” advirtió.

 

Prensa AP

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