La economía: de mal en peor

Luego de casi un mes de los anuncios del presidente Maduro en materia económica la Academía Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se pronuncia ante el país, expresando su preocupación por la poca eficacia de las medidas instrumentadas por el Ejecutivo Nacional.

Aquí el texto de las opiniones de ANCE

 

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se dirige a la nación en relación con el Programa
de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad anunciado hace más de un mes por Nicolás Maduro. En
esa alocución señaló la intención de eliminar la emisión de dinero no orgánico, alcanzar la disciplina
fiscal y anclar el bolívar, un reconocimiento implícito de que debía rectificar sus políticas. No obstante,
esta Academia está en el deber de informar que hasta la fecha y salvo una mayor disponibilidad de
efectivo con la introducción de un nuevo cono monetario, este programa ha desmejorado aún más la
situación económica del país.

1) A la semana de haberse anunciado su eliminación, la emisión de dinero sin respaldo se había
multiplicado 15,4 veces. En efecto, el Crédito a las Empresas Públicas no Financieras otorgado por
el Banco Central se incrementó desde BsS 86,7 millardos el 17 de agosto, a un billón, 419 millardos
de BsS, el 24 de agosto. Ello no tardará en insuflar la liquidez monetaria, que, para finales de
septiembre ya se había triplicado con relación a la primera fecha.

2) Tal emisión obedeció a la necesidad de financiar los gastos por el incremento salarial y el monto a
entregar por “bono de adaptación”, decretados el 17 de agosto. La devastación económica del país,
en su quinto año de contracción, hace que el incremento del IVA en 4 puntos y los otros impuestos
anunciados, poco aportarán para cubrir tales gastos. Debe recordarse, además, que a PdVSA se le
exoneró del pago de Impuesto sobre la Renta para 2018 y que el país está prácticamente en default,
por lo que no tiene acceso a financiamiento externo. Todo conlleva, por tanto, a un abultamiento aun
mayor del déficit de la gestión pública –estimado en torno al 20% del PIB para 2017, en ausencia
de cifras oficiales–, muy al contrario de la pretensión de alcanzar la disciplina fiscal.

3) Alimentada por tales desbordamientos, la hiperinflación se ha intensificado. El mes de septiembre
terminó con un incremento en el nivel general de precios del 233,3% según la Comisión de Finanzas
de la Asamblea Nacional, único organismo público que divulga cifras al respecto. Este ha sido el
mayor aumento mensual de precios registrado en toda la historia del país. Con ello, la inflación
acumulada en 2018 supera 115.000% y la interanual septiembre 2017-18 se acerca a 500.000%.

4) Con esta alza de precios, el nuevo salario mínimo del 1° de septiembre vio reducir su poder
adquisitivo para finales de mes a menos de la tercera parte. A ello se suma el desconocimiento de
los contratos laborales en el sector público y la imposición de una escala salarial aplanada en torno
a ese nivel de salario, que elimina los incentivos al mérito. Ello ha perjudicado enormemente a los
trabajadores y empleados del estado, incluyendo a las universidades nacionales.

5) Por su parte, la devaluación oficial del 17 de agosto, que aumentó el precio del dólar en más de
2.300%, si bien acercó su valor al que resultaría de transacciones de libre mercado, no logrará
estabilizarlo, dadas las distorsiones macroeconómicas referidas. Tampoco el Convenio Cambiario
N° 1 se ha traducido en una libre convertibilidad efectiva de la moneda, ya que lo transado en el
nuevo sistema continúa sujeto a restricciones cuantitativas y procedimentales, por lo que está muy
lejos de satisfacer la demanda de divisas. Ello se refleja en que, mientras el tipo de cambio en el
mercado controlado se depreció apenas un 4% entre el 17 de agosto y el 5 de octubre, lo hizo en
más del 85% en el mercado paralelo. Esta última cotización ya supera en 1,6 veces el precio del
dólar oficial. En ausencia de correctivos, tal brecha habrá de ensancharse, alimentando las
corruptelas.

6) Salvo intentos poco afortunados por sincerar el precio de la gasolina en estados fronterizos, ésta se
sigue regalando prácticamente en el resto del país.

7) Es notorio el cierre de negocios de todo tipo como resultado de la instrumentación de las medidas
anunciadas. Esta situación, que habrá de agravar el desempleo y el desabastecimiento, y reducir
las fuentes de ingreso de la población, se agrava aún más con los controles de precio y las medidas
punitivas que se están aplicando contra negocios que expenden alimentos.

8) En esta situación, forzar el uso del Petro como medio de pago en transacciones con el Estado
introduce un régimen bi-monetario que sólo generará más confusión en la economía. Cabe recordar
que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar (Art. 318, CRBV) y que la emisión del Petro
no es regulada por la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Tampoco es reconocido el Petro
en los mercados financieros internacionales. Representa, en la práctica, un título de deuda de la
República, sujeto a todas las restricciones que actualmente afectan a ésta. La pretensión de utilizarlo
para “anclar” el valor del bolívar en un activo real (petróleo del subsuelo) tampoco luce acertada,
pues la industria petrolera venezolana se encuentra colapsada. Es decir, elementos centrales para
generar confianza en el Petro, como son su convertibilidad, su aceptación como medio de pago y la
posibilidad de exigir de inmediato sus garantías –barriles de crudo no producidas–, están ausentes.

Los resultados descritos, en el escenario de hambre extendida, desempleo creciente e inseguridad que
trágicamente caracteriza a Venezuela en estos momentos, claman por una rectificación perentoria de
políticas. Es menester sustituir cuanto antes el financiamiento monetario del gasto público por
financiamiento contratado con los organismos multilaterales, sujeto a un proceso de saneamiento de las
cuentas del Estado, la unificación, estabilización y liberación efectiva del tipo de cambio, y el
levantamiento de los controles y leyes punitivas que asfixian la economía nacional. Sólo así se podrá
abatir la hiperinflación, reactivar el aparato productivo, mejorar el abastecimiento interno y generar
empleo productivo cada vez mejor remunerado. Lamentablemente, el Ejecutivo ha venido desdeñando
irresponsablemente estas medidas. El Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad
anunciado parece constituir sólo una nueva variante de políticas que han urdido terribles penurias a los
venezolanos.
Es hora de que el gobierno muestre, con una corrección a fondo en su conducción de la economía, que
está dispuesto a enfrentar los intereses de quienes han venido expoliando al país con medidas
discrecionales de control e intervención, a espaldas de las garantías constitucionales, la opinión pública
y de la Asamblea Nacional, y que asume el reto de procurar una mejora urgente en el bienestar de la
población.

En Caracas, a los diez días del mes de octubre de 2018.

Humberto García Larralde                   Sary Levy Carciente

Presidente                                            Secretaria

 

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