Denunciaron al gobierno en la OIT por eliminar los contratos

Centrales obreras solicitaron al organismo internacional su intervención inmediata ante la imposición del salario mínimo como único sueldo para los sectores público y privado

La defensa del gobierno de Venezuela en su último informe a la Organización Internacional del Trabajo, en el que asegura que en el país se respetan y firman los contratos colectivos, se cae por tierra con la imposición de un solo salario (el mínimo de 1.800 bolívares mensuales) que en la práctica significa eliminar la contratación colectiva.

La Unión Nacional de Trabajadores, la Central General de Trabajadores y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela enviaron el miércoles una comunicación al director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, en la que solicitaron “una intervención directa e inmediata” para que el Ejecutivo venezolano cumpla los convenios 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y la convención colectiva.

El texto refiere el anuncio en cadena nacional del presidente Nicolás Maduro sobre su decisión unilateral de fijar el salario mínimo nacional en 1.800 bolívares soberanos mensuales a partir del 1º de septiembre y que asumirá el pago de ese sueldo o su diferencial a los trabajadores de los sectores público y privado, a este último durante 3 meses.

Muchas empresas se acogieron al subsidio estatal para sus nóminas, agobiadas por la crisis económica y la imposibilidad de cancelar a su personal un alza de salario de 3.364,2% con respecto a agosto pasado, cuando el mínimo era de 30 bolívares soberanos.

Servando Carbone, coordinador de la Unete, indicó que en la carta exponen que la unificación salarial vulnera los contratos colectivos, cuyas cláusulas de tabuladores de sueldo siempre superan al mínimo.

“El 17 de agosto Maduro decretó de manera solapada la anulación de las convenciones colectivas de los trabajadores para pasar a una sola contratación, y echando al traste la profesionalización del trabajo”, sostuvo.

Otra violación fue aplanar las escalas salariales del sector público con diferencias muy pequeñas entre los niveles y rebajar o eliminar el pago de primas y otros beneficios laborales vigentes antes del 1º de septiembre.

Las centrales obreras, integrantes de la Unidad de Acción Sindical Gremial, enfatizan en la comunicación que “la clase trabajadora de Venezuela no es culpable de la crisis económica, de salud, política, social y mucho menos de una interrelación que ha venido liquidando la calidad de vida, el trabajo decente y las conquistas laborales”.

Carbone señaló que también solicitaron a la OIT protección especial para los dirigentes sindicales y gremiales ante las prácticas de hostigamiento y persecución del oficialismo: “Pues las protestas se elevarán de forma exponencial porque los trabajadores venezolanos no vamos a permitir que nos eliminen nuestras conquistas”.

El Nacional

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